Vivienda digna

La Constitución Española es como el cerdo, que de él se aprovecha todo. Aunque claro, por muy versátil que sea la carne de porcino, o la Carta Magna, todo el mundo tiene sus partes preferidas: hay quien prefiere las carnes más nobles, como el solomillo, y otros que se relamen con lo que la mayoría deshecha, como los higadillos o los sesos. El Gobierno de Mariano Rajoy y sus adláteres del Partido Popular, en lo que se refiere a la Constitución, son de este último tipo: se pirran por las vísceras que dejó implantado el bunker franquista en la ley de leyes que rige nuestra democracia.

“Este Gobierno garantiza que nadie va actuar fuera de la Constitución”, proclama el ministro Gallardón. “El PP se considera en su obligación de garantizar la Constitución española que aprobamos los españoles (…) somos defensores a ultranza de la Constitución”, sube la apuesta Cospedal. “Cumpliré y haré cumplir la Constitución”, brama Wert desde la tribuna del Senado.

Todos y cada uno de ellos se envuelven en la Carta Magna con veloz verborrea pero, como habrán adivinado ustedes, estas declaraciones sólo las usan cuando les tocan el tema de la unidad de España. Entonces sacan a relucir el artículo 8 que consagra al Ejército la “integridad territorial” del país o amenazan a Artur Mas con usar el artículo 155 que permite al Gobierno suspender la autonomía de Cataluña.

¿Y qué pasa con las partes más nobles de la Constitución? ¿Nadie recuerda en el Gobierno de España que los “valores superiores” que deberían definir nuestro ordenamiento jurídico son “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”? ¿Dónde quedan los artículos que servirían para que España sea “un Estado social y democrático de Derecho”?

El artículo 47 señala que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Sin embargo, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha decidido que no va construir más viviendas protegidas porque “sabemos que no son necesarias”. Sólo en Madrid, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo tiene a 13.000 personas en lista de espera y Urbanismo ya ha avisado de las dificultades de los madrileños para poder conseguir una vivienda. Pero a la alcaldesa carambola le resbala todo.

Pero la situación es todavía peor. Sólo entre abril y junio de este año se ejecutaron 526 desahucios diarios y desde 2008 ya van más de 400.000 desalojos forzosos. ¿Y qué hace el legislador para evitarlo? Pues una ley de dación en pago que es de chiste, porque sólo sugiere a los bancos, porfaplis, que aceptan las viviendas como pago de la deuda. Las entidades, obviamente, dicen que sí, que vale, que ya veremos, y mientras siguen arrancando a los obreros lo poco que les queda; las cuatro paredes que les resguardan.

Se amparan para ello en una ley de 1909; es decir, no sólo preconstitucional, sino incluso anterior a la dictadura. Lo acaban de denunciar en un informe      un grupo de jueces a los que el Poder Judicial les ha dado con la puerta en las narices. Luego la culpa del desprestigio de la Justicia la tendrán Carlos Dívar y sus viajes a Marbella.

Desahucios del siglo anterior que dejan desgracias palpables en éste. Personas que lo han perdido todo y que acampan a la puerta de los bancos que les han arrebatado su hogar, historias sobrecogedoras de ancianos que en el ocaso de su vida se ven en la calle por haber querido ayudar a sus hijos… Y, lo más grave, se ha roto el silencio informativo sobre la muerte que genera este terrorismo especulativo y ahora nos golpea directamente al estómago: ayer se suicidó un hombre en Granada antes de que le quitaran su casa, el martes un joven canario saltó al vacío tras perder su trabajo y recibir el aviso de desahucio del banco.

No se puede seguir ocultando esta tragedia bajo la excusa de que los suicidios llaman a más suicidios. Que sus muertes no sean en vano y sirvan para remover conciencias. El PSOE parece haber espabilado ahora y ha presentado una propuesta para frenar los desahucios. Es un paso positivo, pero aún les queda un largo camino para que se olvide la época en que rechazaban por sistema, junto al Partido Popular, cualquier propuesta que perjudicase al latrocinio bancario.

Si quieren que se respete la Constitución, que la hagan cumplir, pero que empiecen por lo que de verdad necesita el pueblo: vivienda, trabajo y libertad. Y que se dejen ya de peleas catetas sobre identidades y sentimientos, porque el 20% de la población que está por debajo del umbral de la pobreza no se puede alimentar de patriotismos baratos.

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